Cables en las fachadas de las casas: un problema estético y legal que preocupa a todos

La proliferación de cables eléctricos y de telecomunicaciones en las fachadas de edificios residenciales y viviendas unifamiliares, especialmente en construcciones recientes, ha generado una creciente preocupación entre los vecinos y expertos en urbanismo. Las compañías encargadas de suministrar estos servicios suelen instalar sus infraestructuras sin un criterio estético ni ordenado, lo que convierte muchas fachadas en auténticas “colmenas” desorganizadas que afean el entorno urbano.

 

 

En numerosas ciudades canarias, incluso en espacios urbanos protegidos, es habitual observar cómo las fachadas de viviendas y bloques presentan un entramado caótico de cables que cruzan sin aparente planificación. Esta situación no solo afecta a la estética del edificio sino que puede tener implicaciones sobre la conservación del inmueble y la percepción del barrio en su entorno.

 

Las causas principales son la falta de coordinación entre las distintas compañías eléctricas y de telecomunicaciones, así como la ausencia o insuficiencia de regulación específica que obligue a respetar criterios mínimos de orden y armonía visual. Además, en muchos casos se prioriza la rapidez y el coste económico frente al impacto visual.

 

 

Desde el punto de vista legal, la instalación de cables en fachadas está regulada por diversas normativas que incluyen leyes nacionales, autonómicas y ordenanzas municipales. En general, estas disposiciones buscan garantizar tanto la seguridad técnica como el respeto al patrimonio arquitectónico y urbano, de momento, sin conseguirlo.

 

Por ejemplo, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establece ciertos requisitos para las instalaciones eléctricas exteriores, incluyendo aspectos relacionados con su trazado y protección. Asimismo, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) contempla normas técnicas para evitar riesgos derivados del tendido eléctrico.

 

En materia urbanística, los ayuntamientos tienen competencias para regular mediante ordenanzas municipales cómo deben realizarse estas instalaciones en su término municipal. Muchas localidades cuentan con normativas específicas que exigen autorización previa para colocar cables visibles en fachadas o promueven el soterramiento cuando sea posible.

 

 

¿Pueden los propietarios negarse al paso de cables por su fachada?

 

Esta cuestión es compleja porque implica derechos individuales frente a intereses públicos o privados legítimos. En principio, si los cables afectan a elementos comunes o privativos del edificio —como puede ser una fachada— se requiere el consentimiento previo de los propietarios afectados.

 

El Código Civil español regula el derecho a servidumbres forzosas por necesidad o utilidad pública. En este contexto, las compañías pueden solicitar autorización judicial para instalar cables si existe una causa justificada relacionada con el interés general o prestación adecuada del servicio.

 

No obstante, esta autorización debe respetar siempre principios básicos como minimizar el impacto visual y preservar la integridad del inmueble. Por ello, muchos propietarios han reclamado ante tribunales o administraciones locales cuando consideran que se vulneran sus derechos o se deteriora gravemente la estética del edificio.

 

 

Actualmente no existe una obligación estricta a nivel estatal que imponga uniformidad estética o un diseño armonioso en la colocación de cables eléctricos o telefónicos sobre fachadas. Sin embargo, sí hay recomendaciones técnicas y buenas prácticas promovidas por organismos sectoriales que aconsejan minimizar el impacto visual mediante canalizaciones ocultas o agrupación ordenada.

 

Algunas comunidades autónomas han desarrollado guías técnicas para facilitar una instalación más discreta y coordinada entre empresas suministradoras. Además, ciertos ayuntamientos exigen proyectos previos donde se detallen medidas para preservar la imagen urbana antes de autorizar cualquier obra relacionada con cableados exteriores.

 

El papel activo del sector privado es fundamental para mejorar esta situación: invertir en tecnologías más limpias como redes soterradas o sistemas inalámbricos puede reducir significativamente este problema estético.

 

Los gobiernos locales desempeñan un papel crucial en controlar estas instalaciones mediante ordenanzas urbanísticas específicas adaptadas a sus características territoriales. Estas normativas establecen condiciones sobre ubicación, materiales permitidos e incluso sanciones ante incumplimientos.

 

Además, los ayuntamientos suelen contar con servicios técnicos encargados de supervisar obras públicas y privadas vinculadas al tendido eléctrico exterior. Su intervención debería garantizar que se cumplan tanto requisitos legales como criterios estéticos acordes con el entorno histórico o moderno donde se ubique cada edificio, cuestión que evidentemente, no está teniendo los efectos deseados, ya que los cables han aumentado en algunas zonas de forma exponencial.

 

En algunos municipios pioneros se están impulsando planes integrales para eliminar cableados aéreos antiguos mediante campañas coordinadas con operadoras eléctricas y telefónicas; estas iniciativas mejoran notablemente la calidad visual urbana y valor inmobiliario local.

 

 

La problemática derivada del desordenado tendido eléctrico sobre fachadas exige soluciones conjuntas entre administraciones públicas, empresas suministradoras y comunidad vecinal. Es imprescindible avanzar hacia modelos más sostenibles donde prime tanto la eficiencia técnica como el respeto al paisaje urbano.

 

La actualización normativa debe contemplar mayores exigencias estéticas junto con mecanismos efectivos para proteger derechos individuales sin obstaculizar servicios esenciales. La colaboración interinstitucional facilitará implementar estrategias innovadoras —como soterramiento progresivo— capaces de transformar positivamente nuestras ciudades.

 

 

Las fotografías que se presentan se han tomado, - una pequeña muestra - casi todas, excepto dos, en la calle Capitán Quesada de Gáldar, una de las arterias, sociales, culturales y económicas del municipio, donde incluso, hace años, se soterraron conducciones para intentar paliar el amasijo de cables que afean sus fachadas, pero las tomas de las conducciones, en su mayoría, se encuentran en el estado que muestran las fotografías.

 

No obstante, hay que decir que esta realidad que se muestra en las fotografías, no es exclusiva de un municipio, lo podemos constatar, habría para mostrarles una extensa galería fotográfica de practicamente todos los municipios de este norte grancanario.