En la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un año más, el STEC Intersindical Canaria, denuncia que las cifras de siniestralidad laboral son inadmisibles, y que muestran el escandaloso incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la precarización del trabajo, la ausencia de políticas efectivas que promuevan una cultura preventiva de salud laboral y una organización del trabajo desde criterios economicistas, donde la prevención de riesgos laborales se convierte en un coste económico más que se intenta evitar o reducir en lo posible.

El STEC-IC denuncia, otro año más, que en el sector de la enseñanza no se están desarrollando políticas ni acciones concretas de protección de la salud y seguridad de las trabajadoras y trabajadores. Ante una realidad en la que, las bajas del profesorado por problemas de voz, estrés, problemas musculoesquelético, ....... o como consecuencia de situaciones de acoso moral o violencia en el trabajo, van aumentando, la administración educativa opta por seguir poniendo de manifiesto su ineficacia, falta de sensibilidad, falta de implicación y nula voluntad política, llegando incluso a acosar al profesorado en situaciones de bajas para que se incorporen a sus puestos de trabajo.

Muestran su solidaridad con las familias de los 10.500 muertos en el trabajo que se han producido durante los 10 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las 80.000 personas que han sufrido accidentes laborales en Canarias, con las 44.000 que han sufrido baja laboral y con aquellas que sufren los efectos de los riesgos psicosociales o de la violencia en el trabajo.

Por último exigen el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al tiempo que también exigen a la Administración, que considere una prioridad la cultura preventiva y que ponga en marcha mecanismos ágiles y efectivos que garanticen una organización del trabajo para la salud y no para la enfermedad.

Infonortedigital

Exigen el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al tiempo que también exigen a la Administración, que considere una prioridad la cultura preventiva.