Menu

Castillo y Gil Abogados. "El derecho a mentir"

Derecho a mentir Castillo y Gil Abogados defensa penal las palmas gran canaria galdarEsta semana trataremos uno de los debates jurídicos que más controversia genera en la sociedad, lo hemos visto en casos mediáticos, como por ejemplo, en el de Marta del Castillo, o en casos relevantes de corrupción. Hablamos del “derecho a mentir”, y lo abordaremos desde el punto de vista del investigado en un procedimiento penal.

Si bien en ordenamientos jurídicos como en el americano, el perjurio está castigado con penas de hasta 5 años de cárcel, en el nuestro, al igual que en el francés, no ocurre lo mismo, las mentiras del investigado en un procedimiento penal no tendrán consecuencias, al menos jurídicas.

El artículo 24 de nuestra Constitución establece el derecho a la tutela judicial efectiva, en su segundo apartado se consagran dos derechos fundamentales para la defensa en los procedimientos penales: el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a no confesarse culpable, derechos que también se recogen en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Existe una corriente que entiende que el esquema negativo adoptado en la redacción de estos derechos deja abierta una vertiente positiva, consistente no ya en una actitud pasiva como es la de guardar silencio, sino en una actitud activa, esto es, mentir. Cierto es que no existe ninguna disposición que establezca la existencia de un hipotético derecho a mentir, mediante el cual el investigado pueda mejorar su posición de defensa, pero en la práctica, lo cierto es que tanto la doctrina como la jurisprudencia sí que han reconocido su existencia, eso sí, sin que pueda configurarse como un derecho fundamental.

Como es lógico, en defensa de sus intereses el acusado puede adoptar una conducta que mejor le convenga, ya sea pasiva, no respondiendo a las preguntas que se le formulen o negando los hechos que se le imputen; o puede defenderse sosteniendo la versión que considere oportuna, la cual puede ser cierta o no, y si decide faltar a la verdad –a diferencia de lo que ocurre con el deber que sí ostentan testigos y peritos, cuestión que intentaremos abordar en futuros artículos- no tendrá consecuencias perjudiciales. Es decir, que si el acusado miente, ello no puede acarrearle consecuencias perjudiciales en otro proceso penal, pero sí que puede ayudar a formar la convicción del Tribunal Penal siempre y cuando se hayan practicado otras pruebas en el juicio que racionalmente valoradas puedan llevar a su condena. Por tanto, si el acusado miente y no hay prueba de su culpabilidad sustentada firmemente en otras pruebas, su falaz declaración no puede sustentar su condena [Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 2/2013, de 25 de febrero].

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional [STC 142/2009, de 15 de junio] mantiene ese criterio al recordar que el imputado no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente, o incluso mentir, en virtud de sus derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (Art. 24.2 CE); pero nuestro tribunal de garantías constitucionales también destaca unos límites: aunque el imputado no está sometido a la obligación jurídica de decir la verdad en un proceso penal y, de hecho, perfectamente puede mentir, esta posibilidad no significa, en absoluto, que el derecho de defensa consagre un derecho fundamental a mentir que se pueda alegar ante los tribunales para tratar de justificar que se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva; es decir, que a tenor de la jurisprudencia puede afirmarse que un acusado tiene derecho a mentir abiertamente [STS 178/2013, de 29 de enero] pero con unos límites.

La Real Academia de la Lengua Española define a la Justicia como aquel “principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”, pues cabría preguntarse cómo de justo es un sistema en el que el investigado tiene derecho a diseñar una versión, no ya con la finalidad de minimizar las consecuencias de un hecho punible, sino incluso de evitarlas por completo. Lo cierto es que vivimos en un estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley , -al menos en teoría, en virtud del artículo 14 de la Constitución-, y nos guste más o menos, las garantías establecidas en nuestro ordenamiento se establecen tanto a favor de culpables como de inocentes.

Vemos entonces como se pueden producir resultados formalmente justos, en el sentido de haberse sido alcanzados cumpliendo con todas las garantías establecidas, y a la vez injustos desde el punto de vista material, dejando actuaciones merecedoras de sanción impunes. ¿Es esto realmente Justicia?, esta es una pregunta con respecto a la cual estoy seguro de que cada uno tendrá su opinión.

En conclusión, si bien no puede afirmarse que se encuentre consagrado en nuestro ordenamiento el derecho fundamental a mentir, en primer lugar, lo cierto es que la mentira siempre será una opción para el investigado, y en segundo lugar, que al menos en base a la regulación actual, de las falsas declaraciones del mismo no derivará sanción alguna para aquel, por lo tanto, es una cuestión que excede del ámbito del derecho, constituyendo en último término una opción que exclusivamente tendrá consecuencias reprochables desde el punto de vista moral, así pues, que cada uno actúe según se lo permita su conciencia, que de momento, la ley queda al margen.

Deja un comentario

Esta es la opinión de los lectores, en ningún caso la de infonortedigital.com. No se permitirán comentarios ofensivos o contrarios a las leyes españolas. Tampoco se permitirán mensajes no relacionados con el tema de la noticia.
El envío de comentarios supone la aceptación de las condiciones de uso.

volver arriba

Noticias

Municipios

Suplemento