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EL STEC denuncia la desigualdad en la concesión de becas este curso Imprimir Correo electrónico
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Sábado 26 de Marzo de 2011 01:00

El STEC-IC apoya la iniciativa de UDECA en su rechazo a los cambios que el Gobierno de Canarias, sin previo aviso, en pleno mes de agosto y sin negociación con el alumnado, ha impuesto elevando las exigencias académicas al alumnado para otorgarles becas en la enseñanza universitaria en el presente curso 2010-11. Esta medida va a obligar al abandono de los estudios a un número importante de estudiantes.

El STEC-IC siempre ha planteado que los cambios en las exigencias académicas nunca se deben improvisar, siempre se debe dar tiempo para que las personas y las instituciones afectadas se adapten a la nueva normativa, pero el Gobierno de Canarias nunca tiene esto en cuenta. No lo hizo con el profesorado universitario cuando se cambiaron los criterios de productividad científica para acceder a los complementos retributivos, y no lo ha hecho ahora con el alumnado. Lo grave en este caso es que, tal como ha reconocido el DG de Universidades en la prensa, se admite flexibilizar los niveles de renta (conceder más becas a estudiantes con mayores ingresos) y no las exigencias académicas, cuando las becas son ayudas compensatorias de la desigualdad económica, y no premios a la excelencia académica.

Debe darse a conocer, además, que el alumnado de la ULL se está viendo particularmente afectado por esta medida, al haberse anulado la convocatoria de septiembre desde el curso 2008-09. En esta universidad, el alumnado realizó las convocatorias de examen sin conocer el aumento de un 60% a un 70% de los créditos aprobados para obtener la beca en el curso 2010-2011, ya que el decreto autonómico (Decreto nº 150) fue publicado en el día 2 de agosto, cuando ya habían terminado las convocatorias de junio y julio. El alumnado de la ULPGC dispuso de la convocatoria de septiembre, contando con todo el verano para afrontar el problema; el de la ULL no dispuso de ese tiempo, puesto que su tercer llamamiento se produce en diciembre de 2010, y esa convocatoria no se contabiliza en las becas de 2011; esto quiere decir que, en el caso del alumnado que está en segundo curso ahora, ha tenido una oportunidad menos que el alumnado de los demás cursos y de la ULPGC para obtener ese 70% de créditos aprobados. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, y en este caso se está vulnerando ese derecho, simplemente por la negativa de este gobierno a negociar, informar adecuadamente y, sobre todo, por su costumbre, bien demostrada a lo largo de toda la legislatura, de improvisar medidas que, tristemente, están destrozando la enseñanza pública y el derecho de las personas a la educa El alumnado de la ULPGC dispuso de la convocatoria de septiembre, contando con todo el verano para afrontar el problema; el de laAsí, el alumnado de la ULL que ha solicitado beca, no ha tenido la oportunidad de adecuar su trabajo académico a las nuevas exigencias, tal como sí lo ha podido hacer el alumnado de la ULPGC que sí tuvo exámenes en septiembre.

Para el STEC-IC el alumnado se está enfrentando, una vez más, a la vulneración del principio de igualdad de oportunidades, simplemente por la negativa del Gobierno a negociar, a informar adecuadamente y, sobre todo, por su costumbre, ampliamente puesta de manifiesto a lo largo de toda la legislatura, de improvisar e imponer medidas que, tristemente, están destrozando la enseñanza pública y, con ella, el ejercicio del derecho a la educación en Canarias.

El STEC-IC considera, finalmente, que con esta medida se empieza un proceso de restringir la permanencia en la universidad de los sectores sociales más desfavorecidos, lo cual resulta especialmente grave en Canarias, donde el nivel educativo de la población (y particularmente de las clases más desfavorecidas) sigue siendo deficitario respecto al promedio estatal y europeo. Es por ello que suscribe la demanda del alumnado de que se restauren los criterios académicos establecidos hasta que se lleve a cabo un proceso de negociación, información y adaptación lo suficientemente transparente y garantista para que ningún estudiante sea excluido injustamente de su beca.

 

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