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Gáldar Interés

El grupo de Gobierno en el ayuntamiento de Gáldar llevó a la sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles por el Consistorio, el inicio de la revisión de oficio de la anulación de la deuda reclamada por la empresa Santana Cazorla, concesionaria del servicio de recogida de residuos en el municipio.

Como se recordará, la empresa reclama una deuda al Consistorio galdense, por el sobre costo del servicio durante el tiempo en el que estuvo cerrado el Punto Limpio de Santa María de Guía, y los residuos tuvieron que ser trasladados al vertedero del Salto del Negro en la capital grancanaria.

Según explicó la edil de Hacienda, Eva Patricia Martínez, en base a un informe del  Interventor municipal, no procede  pagar las facturas presentadas por la empresa y que fueron reconocidas en una Junta de Gobierno Local celebrada en julio de 2009.

También explicó que existe un informe de secretaría, que dictamina como nulo de pleno de derecho, el acto de reconocimiento de la deuda en Junta de Gobierno, ya que es el pleno municipal, el competente para ello. Además, la edil informó que se ha solicitado al Consejo Consultivo de Canarias, un informe sobre la anulación del reconocimiento de la deuda.

En el debate sobre este punto,  la edil no adscrita a grupo político, Clara Isabel Santiago,  indicó que no entendía cómo se les pasó por alto la primera clausula del contrato del servicio, en la que se especifica que los residuos deben ser depositados en el Punto Limpio de Guía o en el vertedero del Salto del Negro. También aseguro que este asunto olía que apestaba y que eran 600.000 euros los que se iban a pagar por una deuda que no existía.

Por su parte, el portavoz del CCN, José Juan Rodríguez, indicó que en el ayuntamiento no consta un escrito de la empresa reclamando la deuda, por lo que consideró que  se había obrado con ligereza. Para José Juan Rodríguez ha existido una presunta prevaricación o negligencia o incompetencia del alcalde. También manifestó que han metido la pata y ahora la quieren sacar.

La portavoz de CC, Sinesia Medina, recordó que la intención del grupo de Gobierno fue la de que el cabildo pagase  esa deuda, y preguntó si alguien se había leído el contrato que firmaron. También señaló que en el informe emitido por secretaría se dictaminaba que se había actuado de forma contraria a la buena gobernanza, y de forma contraria al interés público.

El portavoz de PP-UnPG, Aladino Suárez, indicó que fue el alcalde, Teodoro Sosa, el que propuso a la Junta de Gobierno el reconocimiento de la deuda, y que había sido  el grupo de Gobierno el que firmó el contrato con Santana Cazorla, al tiempo que criticó que no se solicitaran informes de Intervención y de secretaría, antes de aprobar el reconocimiento de la deuda.

El alcalde salió al paso de las críticas de la oposición,  manifestando que alegremente lo acusaban de prevaricar y negligencia. También indicó que no sabía de dónde sacaban que la deuda era de 600.000 deudas, ya que era de 240.000 euros y que el ayuntamiento no paga lo que no debe pagar. Además informó que se estaba revisando toda la contabilidad  municipal, y que si se hubiese pagado la deuda que reclamaba la empresa, existían formulas para reconducir la situación, como la de descontárselo en otros pagos.

Teodoro Sosa aseguró que negligencia es que recojan la basura y no pagarla o contratar a dedo el servicio, en clara referencia a la gestión de PP-UnPG en el ayuntamiento y terminó su intervención diciéndole a la oposición que estaban tardando en ir al juzgado.

La anulación de la deuda fue aprobada con los votos de los ediles del grupo de Gobierno y de los tres concejales de Coalición Canaria, mientras que el resto de la oposición se abstuvo en la votación.