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El colectivo de personas denunciadas en la Rama del año pasado, tras recibir las notificaciones, interpusieron las correspondientes reclamaciones. Los afectados consideraron que los hechos no se correspondían con la realidad, eran arbitrarias conllevando el agravante de no aportar ninguna prueba.
De hecho, se dio el caso de la denuncia formulada a personas que ni siquiera estuvieron presentes en dicho acto, lo cual, además de carecer de fundamento, sugiere una mala intención y un ensañamiento a todas luces para "dar ejemplo", como llegó a declarar el alcalde en alguna ocasión.
Los afectados y afectadas, militantes o simpatizantes del grupo de la oposición (PSOE), decidieron recurrir las mismas porque, entre otras razones, cuando los expedientes comenzaron a tramitarse, el hecho ya había prescrito.
Se da la circunstancia, que los hechos ocurrieron el día 09 de septiembre y los expedientes sancionadores se iniciaron el 30 de diciembre, lo que condujo a que prescribieran. Éstos fueron notificados en el mes de febrero, lo que provocó que el procedimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento de la Aldea caducara sin posibilidad de volver a iniciarlo; todo fuera de los plazos que establece la ley.
Sin embargo, el alcalde de La Aldea decidió continuar con las mismas a sabiendas de que estaba actuando de mala fe. El hecho lo confirma la legislación vigente que le ha obligado a archivar todas las denuncias realizadas.
Los afectados deducen que, además de un exceso de mando y vehemencia, el alcalde se extralimitó en sus funciones poniendo a su disposición los instrumentos municipales, pero aún así, no conciben cómo la instructora de la causa, la secretaria accidental, se prestó a este juego.
Desde el momento que se produjeron los hechos, los denunciados hicieron pública la imparcialidad y la tergiversada actuación de la Policía Local, dándose situaciones tan surrealistas en las que compañeros de los actuales partidos en el gobierno, sacaban a "los suyos" en el momento de denunciar a los simpatizantes o militantes de la oposición.
Este colectivo ha calificado la actuación del alcalde como una verdadera "caza de brujas" en la que, aplicando un exceso de poder y soberbia, su intención era la de castigar a los contrarios,tal y como se hiciera en tiempos pretéritos.
Por su parte, el grupo afectado ha puesto en manos de sus abogados el archivo de la causa con el fin de estudiar si la extralimitación de las funciones del edil aldeano son constitutivas de delito y, en caso afirmativo, interponer denuncia ante la fiscalía.
El mismo colectivo cree que en la Rama de este año, no sólo se volverá a repetir la situación, sino que se verá agravada al no conseguir el alcalde su objetivo, y anunciar en la televisión local que "en esta ocasión no se denunciará al que moleste. Simplemente se le sacará por la fuerza."
Pese a todo, los afectados por la arbitrariedad, procacidad y desfachatez con las que se han llevado a cabo los hechos, afirman que acudirán a la Bajada de La Rama de este año a disfrutar y a divertirse como lo hicieran sus padres y abuelos, en tiempos más duros y difíciles y en los que ni tan siquiera el régimen de entonces llegó a actuar con tanta inquina y alevosía.
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Comentarios
Mauro o Maúro, esa es la cuestión. Que todavía haya personajes como tú sí que es grande, amigo. ¿De verdad crees que es una invención? Infórmate, busca en las hemerotecas de los diarios digitales para ver si es una invención o no. Vamos, que todavía haya defensores del régimen es increíble. Algo tienes que estar mamando, joven.
mas alto y mas claro no se puede decir desde la primera letra hasta la ultima pero pepin con el consentimiento de sus compinches quiere cambiar la historia de las fiestas y esto el pueblo no lo debe consentir
Menos politizar y más convivencia, aldeanos unidos todos por nuestras tradiciones. Feísimo ejemplo estan dando todos los líderes políticos que no meten a viaje a tanto desaprensivo. Basta ya de política, y menos en nuestras fiestas. La Rama y El Charco son el legado cultural y las raíces, señas de identidad de nuestros antepasados. Más respeto a nuestro patrimonio. Menos política.