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Un Gobierno ajeno a la voluntad popular

nicolaguerra2016El Partido Popular es una estructura política absolutamente respetable, faltaría más. Por el momento ningún otro ha logrado hacerle sombra en las últimas elecciones. Bien es cierto que su retroceso es muy significativo, pero sigue como primera fuerza incluso en intención de voto.

Y eso, en rigor democrático, no puede obviarse: siete millones novecientos mil ciudadanos le dieron la mayoría simple el año pasado. No obstante, también es verdad que quince millones doscientos cincuenta mil españoles optaron por otras vías. Es decir, lo rechazaron. Pero al PSOE -segunda opción más votada- lo separaron dos millones y medio de papeletas respecto a los populares. Y dos millones y medio son casi el doble de las obtenidos por Ciudadanos, ERC, CDC, PNV, EH Bildu y CC juntos.

El Partido Popular, como institución conservadora y de derechas (con todo su derecho) no solo forma parte del juego político en España: es, además, fracción muy importante como muy importantes son los millones de ciudadanos que lo forman. Y de ellos –pese a corrupciones, latrocinios, miserias, arrogancias, desdenes y barrotes- la inmensa mayoría de sus componentes son personas serias, dignas y sanamente convencidas de su opción política, con todos mis respetos. Más: incluso avergonzadas, emocionalmente impactadas. Por tanto, siento su desazón como si fuera mía, pues se trata de nobles sentimientos vilmente traicionados un día sí y otro también. A fin de cuentas, pese a su estructura no material, los partidos existen porque hay personas en ellos.

Por tal razón no llego a entender sepulcrales silencios, roncos mutismos y muy peligrosas discreciones cuando en estos momentos el PP necesita palabras nobles y elementales en correntías, voces que hagan retumbar denuncias y exijan inmediatas revoluciones éticas, caiga quien caiga. (Acaso por tal razón me vienen a la memoria versos de nuestro paisano Bento y Travieso: “El mar henchido y ronco y encrespado / en rudo son revuélvese y sañoso, / trepando los escollos clamoroso / por la orilla se tiende dilatado”.)

Insisto: también le ocurre al Partido Popular. Como entidad formada por personas está sometido a impactos, desajustes y putrefacciones: es “la condición humana”, si no rigurosamente a la manera de Malraux -1933- en la novela del mismo nombre (La Condition humaine), sí como muestrario de dos bloques humanos absolutamente opuestos. Así, por una parte el rigor ético y la fidelidad a principios universales y fraternales de algunos personajes. De otra, traiciones, ambiciones, poderes económicos de grandes empresas y multinacionales cuya única idea dominante es el fácil beneficio y la explotación de los demás.

Mientras gobernó con mayoría absoluta –y absolutamente legítima, por otra parte-, el Partido Popular justificaba con un poderoso argumento la propuesta y aprobación de muy discutidas leyes: el pueblo le había conferido el poder. Y los populares lo ejercían, así de sencillo. Hoy, sin embargo, desdeñan con cierta insolencia la voluntad de la inmensa mayoría cuando el Parlamento reprueba –‘no aprueba, da por malo’- a los señores ministro de Justicia, fiscal general del Estado y fiscal anticorrupción por, respectivamente, supuestas injerencias en procedimientos judiciales (afectan a cargos públicos del PP), hipotético incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y actuaciones que, en apariencia, pretenden favorecer o proteger a personas del ppoder investigadas por delitos relacionados con mil dos maneras de obtener beneficios económicos para sí o su partido.

La triple reprobación fue presentada por el PSOE (en iluminados momentos ejerce con responsabilidad) y aprobada, como digo, por la inmensa mayoría del Parlamento: 207 votos a favor y 134 en contra. Los primeros (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Ezquerra Republicana, Centro Democrático de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu e, incluso, CoATIción Canaria) suman un total de quince millones doscientos cincuenta mil votos obtenidos en las urnas. El segundo (PP), en la soledad de su soberbia fue avalado por siete millones novecientas mil papeletas. La diferencia, pues, es claramente contundente: el muy dispar bloque representa a siete millones trescientas cincuenta mil ciudadanos más que el PP. Y eso también tiene consistencia democrática. Más: en un Estado de rigor ético en el cual dominan normas y conductas de pureza y respeto a la voluntad popular representada por el Parlamento, cualquier partido político serio hubiera cesado de inmediato al ministro y poderes fiscales. De paso, a todos los cargos ministeriales directamente vinculados a los nombramientos o, incluso, mudos ante tal desajuste, silenciosos frente a las intromisiones de quienes rompieron el sacrosanto mandamiento de la imparcialidad.

La sociedad española tiene sus reparos hacia la justicia. Un sector de ella, incluso, pregunta: ¿depende del Gobierno de turno? A nadie se le escapa la incorrecta organización de ciertas estructuras. Así, por ejemplo, que el fiscal general del Estado –nombrado, no elegido democráticamente- pueda prohibir la libre actuación de ciertos fiscales no encaja, ni de coña, en la libertad investigadora. O que PP y PSOE, juntos por compartidos intereses, pretendan entregar a los fiscales (deben obediencia al superior) la exclusiva responsabilidad investigadora, limitar las acusaciones populares o reducir los tiempos en investigaciones muy enmarañadas redundaría, sin duda alguna, en perjuicio de las mismas. Y si a tales pretensiones sumamos las deficiencias materiales de muchos juzgados (falta de jueces - ayudantes frente a causas complejas) ya denunciadas una y otra vez por sus señorías más involucradas en sensibles actuaciones, podríamos llegar a la conclusión de aparentes desajustes.

Por tanto, la reprobación presentada por todos los partidos de la oposición (207 parlamentarios) frente al Gobierno y el PP (135) es, en pureza democrática, tan válida como el voto de censura. El PP, por respeto al propio Sistema, a la voluntad de las urnas, a la pulcritud y a la institución parlamentaria debió acatar la triple reprobación allí aprobada. No tenía obligación alguna, es cierto. Pero están en juego la ética y el respeto a la mayoría. Las mismas a las cuales siempre recurrió frente al PSOE mientras fue oposición.

Actualizado el Viernes, 19 Mayo 2017 19:49
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