Comunicados

La realidad no se maquilla: la Consejería bloquea el regreso de funcionarios a los conservatorios de Canarias

La ausencia de procesos públicos y transparentes impide el retorno de funcionarios de carrera a los conservatorios, mientras se prioriza la contratación interina y se perpetúa la inestabilidad laboral en el sector musical canario.

Redacción Sábado, 20 de Septiembre de 2025 Tiempo de lectura:

Conservatorios Abiertos Canarias manifestó su estupor ante las recientes declaraciones de la Directora General de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, en las que defendió la ineficaz manera en la que se regula el regreso de funcionarios de carrera canarios o con residencia en Canarias a los conservatorios de las islas.

 

La plataforma recordó que no existen convocatorias públicas ni transparentes de comisiones de servicio para los conservatorios, a diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos. No hay calendario, no hay bases, no hay plazos, tampoco hay listas provisionales o definitivas. Los funcionarios que desean regresar a Canarias están obligados a hacer una solicitud individual por registro, obviando la transparencia que debería regir el proceso y generando descoordinación con otras comunicades autónomas que sí tienen reguladas las comisiones.

 

Afirmar que no existen plazas para los solicitantes mientras se siguen publicando adjudicaciones en el mes de septiembre a través de las listas de empleo resulta insostenible. El problema no radica en la falta de necesidades, sino en la forma en que se cubren: se prioriza de manera sistemática a los docentes interinos en lugar de facilitar el regreso de los funcionarios de carrera. La mejor prueba de ello es que las dos comisiones de servicio autorizadas para el curso 2025/26 son, “casualmente”, las únicas que no desplazaron a personal interino, mientras que todas las demás fueron denegadas.

 

El bloqueo es tan deliberado que los funcionarios están vetados de las ofertas vía web, las que salen cuando se agotan los profesores disponibles en las listas de empleo. Es decir, se convoca una plaza a la que puede acceder cualquiera que tenga la titulación requerida, aunque nunca haya dado clase, pero se veta a los docentes que sí aprobaron un proceso de selección y que mostraron su disponibilidad para regresar a las islas.

 

La propia directora general reconoce que otras comunidades permiten el retorno de docentes mediante comisiones de servicio, deseosas de que profesionales con décadas de experiencia que ahora son funcionarios de carrera ocupen plazas estructurales. Resulta incoherente que, mientras fuera se facilita esa movilidad, la Consejería canaria la bloquee para profesores que trabajaron en Canarias y se vieron obligados a marcharse por la ausencia de oposiciones en los últimos 35 años. El regreso de estos docentes ayudaría a terminar con el endémico problema de abuso de temporalidad señalado por los tribunales europeo y beneficiaría al alumnado, que se beneficiaría de las ventajas de contar con una plantilla de profesores estable en los conservatorios.

 

La movilidad interadministra:va es un derecho recocido en el artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público. Culpar a los afectados por haber buscado su estabilidad laboral en otras comunidades ignora que Canarias lleva más de tres décadas sin oposiciones para conservatorios y con concursos de traslados prácticamente inexistentes, amén de la falta de procedimientos regulados para la comisión de servicios. Los afectados han tenido que buscar una solución fuera por la desidia y las irregularidades de la administración, y produce sonrojo ver señalar a los afectados por el mal hacer de la administración, que además es plenamente consciente de lo que hace.

 

Afirmar que no hubo oposiciones porque “el colectivo las rechazaba” es admitir que la Administración incumplió deliberadamente su obligación legal por presión de una minoría e ignora que muchos docentes sí querían oposiciones. Es cruel decir que optaron por irse fuera cuando su único “delito” fue buscar en otras comunidades la estabilidad laboral que la Consejería les negó, y confiar en que la administración respetaría sus propias reglas a la hora de conceder las comisiones de servicio y los concursos de traslado.

 

Los daños son reales: proyectos vitales interrumpidos, familias con niños separadas, dificultades de conciliación, retorno imposible de profesionales con años y hasta décadas de experiencia en Canarias. No pedimos privilegios. Pedimos ley y transparencia.

 

Por estas razones la plataforma Conservatorios Abiertos Canarias reclama:

 

1. Una convocatoria anual, pública y con calendario de comisiones de servicio para los conservatorios, con criterios objetivos, baremo y publicación de listados provisionales y definitivos. Es decir, el mismo proceso que ponen en marcha otras comunidades autónomas para los conservatorios y que aplica Canarias para el resto de cuerpos docentes.

 

2. La reactivación real de concursos de traslados en los conservatorios, con plazas orgánicas identificadas y ofertadas.

 

3. Motivación individual y por escrito de cualquier denegación, con referencia a la normativa y a los criterios aplicados.

 

La plataforma recuerda que varios de sus miembros iniciarán próximamente procesos legales contra la Consejería por el inexplicable rechazo de las comisiones de servicio solicitadas para el curso 2025/26. No se trata de un debate de opiniones: es un asunto de legalidad, igualdad y buen servicio público. Canarias no puede seguir bloqueando la movilidad de sus conservatorios mientras mantiene la interinidad estructural. Abrir comisiones, publicar vacantes y convocar traslados significa cumplir la ley, acabar con el abuso de temporalidad y con la discriminación arbitraria frente al resto de cuerpos docentes.

 

Conservatorios Abiertos Canarias es una plataforma nacida en agosto de 2025 con el fin de facilitar el regreso de docentes que se vieron obligados a opositar o estabilizarse en la Península por la ausencia de oposiciones a los conservatorios de las islas. 

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