Dos años de silencio y abandono: la vergüenza del complejo sociosanitario de Guía

Han pasado más de dos años desde que concluyeron las obras del complejo sociosanitario de Santa María de Guía, una infraestructura moderna que prometía ser un antes y un después para las familias del norte de Gran Canaria. Dos años de pasillos vacíos, camas sin estrenar y jardines cuidados para nadie. Dos años en los que el silencio institucional ha sido la única respuesta ante una realidad tan dolorosa como inaceptable: mientras el edificio duerme, muchos mayores mueren esperando una plaza.

El caso de Guía es un símbolo de la ineficacia y la indiferencia política. En él coinciden todas las siglas y todos los niveles de gobierno: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Santa María de Guía. Ninguna administración puede decir que no sabía. Todas participaron, de una u otra forma, en el proyecto. Todas lo anunciaron con grandes titulares. Y todas han contribuido, por acción u omisión, a que hoy un recurso público esencial siga cerrado.

No se trata de un capricho burocrático. Se trata de personas. De mayores que esperan una plaza digna. De familias agotadas que cuidan como pueden, sin apoyo, mientras observan impotentes cómo un edificio construido con dinero público permanece vacío. Algunos de esos mayores ya no están. Murieron sin poder regresar a Guía, después de ser trasladados desde Tarazona con la promesa de que pronto tendrían un hogar adaptado y cercano. Promesas rotas, rostros olvidados.

El complejo sociosanitario costó más de ocho millones de euros, una inversión que el Cabildo y el Gobierno de Canarias presentaron como un logro de la cooperación institucional. Hoy, esa misma obra se ha convertido en un monumento al abandono. Según los datos municipales, el mantenimiento del edificio cerrado —limpieza, seguridad, jardinería, alarmas— supera los 80.000 euros anuales. Dinero público que se evapora mientras cientos de dependientes siguen en lista de espera y miles de familias viven sin el apoyo que la Ley de Dependencia les reconoce.

El Ayuntamiento aprobó en marzo de este año la cesión del inmueble al Cabildo, mediante una mutación de destino. Un trámite, dicen. Pero los trámites no entienden de tiempo humano, ni de enfermedad, ni de soledad. Mientras los expedientes se mueven de una mesa a otra, la vida sigue su curso, y quienes más necesitan la atención pública no pueden esperar indefinidamente a que la política se organice.

Y, sin embargo, mientras el edificio sigue cerrado, las declaraciones se suceden. Ahora el alcalde de Guía anuncia con entusiasmo que el municipio ha recibido más de un millón de euros para la primera fase de reforma y acondicionamiento del antiguo edificio de los Salesianos, con el objetivo de transformarlo también en un centro sociosanitario. Y Teodoro Sosa anuncia otro millón en breve. Pero hay un detalle esencial que se omite en los titulares: ese edificio es de propiedad privada, concretamente del Obispado.

El proyecto para reconvertir los Salesianos en un nuevo centro sociosanitario tiene un coste estimado de 10 millones de euros (si se cumplen las estimaciones iniciales, ya todos sabemos lo que pasa con esto), dos millones más que la residencia de La Atalaya, que lleva más de dos años terminada y sin ponerse en funcionamiento, y para un número de plazas incluso inferior. Además, el acuerdo contempla que, tras la inversión pública y su explotación durante 50 años, el edificio se revertirá al Obispado en plenas condiciones para operar como residencia. En otras palabras: se invertirán 10 millones de euros de dinero público en rehabilitar un edificio privado, que al cabo de medio siglo volverá a manos privadas.

Resulta incomprensible que mientras una infraestructura pública permanece cerrada y deteriorándose, se destinen fondos públicos a rehabilitar una propiedad privada que, además, no quedará en manos del patrimonio público. Es más gasto, menos transparencia y una evidente contradicción con los principios de buena gestión y equidad social. La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica destinar millones de euros a un proyecto privado cuando ya existe una residencia pública lista para funcionar?

¿Se pretende ganar tiempo o titulares? ¿Es más importante construir un nuevo proyecto que hacer funcionar el que ya está terminado? ¿Dónde queda el compromiso ético y humano de nuestros representantes?

Aquí no caben excusas ni colores. PSOE, PP, Nueva Canarias, Primero Canarias y Coalición Canaria han gobernado, gobiernan o han sostenido a los gobiernos responsables de este desastre. Primero Canarias, aunque es una formación de reciente creación, nace de una escisión de Nueva Canarias, y su liderazgo local está directamente vinculado al anterior alcalde de Santa María de Guía. Y el propio impulsor de la escisión, Teodoro Sosa se ha comprometido con fondos desde el Cabildo para este despropósito.  Por tanto, también se ve salpicada por esta gestión, que no puede desligarse de la herencia política que la precede.
No hay manos limpias. Si todos son responsables, nadie puede esconderse. El fracaso no es solo de gestión: es ético y moral. Se han olvidado de que el bienestar de las personas debía estar en el centro de la política, no en el margen de un expediente.

En Canarias, el déficit de plazas sociosanitarias sigue siendo uno de los más graves del Estado. Y sin embargo, una infraestructura nueva, terminada, equipada y lista para funcionar permanece cerrada mientras los discursos oficiales hablan de “progreso social” y “compromiso con la dependencia”. ¿De qué compromiso hablamos, si no son capaces de abrir una residencia que lleva dos años esperando?

Lo que ocurre en Guía no es un hecho aislado. Es la consecuencia de un modelo político que gestiona los problemas, pero no los resuelve. Que inaugura edificios, pero olvida a las personas. Que mide su éxito en ruedas de prensa, no en vidas mejoradas. La residencia de La Atalaya debería estar llena de vida, no de silencio.

Canarias no necesita más promesas. Necesita dignidad, responsabilidad y urgencia. Cada día que pasa sin que el complejo sociosanitario abra sus puertas es una derrota colectiva. Y cada mayor que muere esperando una plaza es una herida que debería avergonzar a quienes tienen el poder de decidir y no lo hacen.

Porque en este asunto no falta dinero ni infraestructuras. Falta algo mucho más grave: voluntad política y humanidad.

J. Cosme Vega Reyes