Imagen del pleno de este jueves en el Ayuntamiento de GáldarEl Ayuntamiento de Gáldar celebró este jueves el pleno ordinario del mes de abril, en el que el edil de Unidos por Gran Canaria, Blas Díaz, cuestionó el pago de más de 600 000 euros a través de un reconocimiento extrajudicial del crédito.
La edil de Hacienda, Valeria Guerra, fue la encargada de explicar este asunto, destacando que esta era una herramienta legal y no es una anomalía, e indicando que en el día a día de las administraciones pueden pueden surgir situaciones en los que los tiempos administrativos no cuadran con la urgencia de las necesidades reales.
También señaló que se trata de trabajos y suministros prestados que responden a las necesidades reales del Ayuntamiento. La edil también se mostró muy crítica con la ley de contratos del sector público que aseguró que se vendió como algo muy maravilloso pero que en la práctica no lo es.
Para el concejal de Unidos por Gran Canaria, Blas Díaz, esta situación no es positiva y es un volumen muy significativo de gasto, más de 600 000 euros tramitados al margen del procedimiento legalmente establecido, con incidencias graves como la inexistencia de contratos o la falta de crédito adecuado.
Para Blas Díaz no se trata de un error sino de una planificación inadecuada.
El alcalde Teodoro Sosa, cerró el debate, indicando que grupos de Gobierno del PSOE y del PP, dejaron facturas en cajones por más de diez millones de euros, y eso no es lo que ellos van a hacer.
También se refirió a facturas concretas como de alimentos y agua de la guardería que no tienen la inmediatez de un contrato menor, pero a las que hay que hacer frente.
la factura más importante en la que se dice que no hay contrato es la de la Sociedad General de Autores y planteó como sacar un contrato con este entidad, un año antes para saber que canciones se cantan en conciertos y verbenas.
Teodoro Sosa señaló que no es que se quiera no contratar sino que no se puede contratar y quiso hacer hincapié en que este reconocimiento de crédito no es un pelotazo.
juan Manuel | Sábado, 02 de Mayo de 2026 a las 09:44:24 horas
Rigor administrativo frente a la cultura de la improvisación
Pagar a los proveedores es un deber; hacerlo con orden, contrato y transparencia es una obligación. Con esta premisa debe entenderse la postura del concejal Blas Díaz en este pleno: la más coherente y la única que defiende realmente la transparencia y el buen uso del dinero de todos los galdenses.
Es fundamental aclarar que nadie cuestiona que los industriales y empresas que han trabajado deban cobrar. Si una obra está bien ejecutada y un suministro es necesario, por supuesto que es un bien para la ciudadanía y debe abonarse.
Sin embargo, lo que es inadmisible es que el Ayuntamiento pretenda normalizar el pago de más de 600.000 euros de forma irregular. Utilizar el reconocimiento extrajudicial de crédito como herramienta habitual, y no como excepción de extrema urgencia, es un síntoma grave de falta de planificación.
Permitir que esto se convierta en práctica común enviaría un mensaje peligroso: que los procedimientos legales y los contratos son opcionales. El concejal Blas Díaz acierta al votar "NO", porque su responsabilidad es fiscalizar. Plegarse a esta dinámica sería hacerse cómplice de una gestión que esquiva los controles que la ley exige.
No se puede justificar la falta de previsión atacando a la Ley de Contratos o sacando a relucir facturas del pasado. La administración actual debe ser impecable para evitar que cualquier ciudadano pueda sospechar de favoritismos o irregularidades en la contratación.
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