Los Ayuntamientos durante la República y el Franquismo

MUJERES REPUBLICANASAyuntamientos de la etapa republicana

El declive del sistema político de la Restauración, instalado por Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876, había entrado en su fase final a partir de la crisis de 1917. El paréntesis dictatorial protagonizado por Primo de Rivera solo sirvió para ahondar más en el problema y su fracaso contribuyó a arrastrar en su caída a la propia monarquía. El último Gobierno de Alfonso XIII, presidido por el almirante Aznar, intentó poner en marcha un nuevo proyecto político y para ello empezó convocando unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, que fueron convertidas en plebiscitarias sobre el régimen por los propios participantes, agrupados en dos grandes bloques: la Conjunción Republicana-Socialista y las candidaturas de los partidos monárquicos. Como es sabido, el mayor número de votos a favor de la primera, con más apoyos en las ciudades, propició la salida del rey al exilio y la proclamación de la II República el 14 de abril.

Si bien es cierto que buena parte de los ayuntamientos recién elegidos reflejaba la llegada al poder de nuevos políticos, representantes de sinceras corrientes democratizadoras, no lo es menos que los entramados caciquiles siguieron estando vigentes en la política local española y especialmente en la de Canarias. Esta situación fue más evidente en las zonas rurales que en las urbanas y no quedó resuelta con la repetición de las elecciones locales el 31 de mayo siguiente, comicios celebrados en aquellas circunscripciones donde hubo protestas de abusos por parte de los monárquicos y sus redes clientelares.

Aunque gran parte de esas quejas habían estado fundamentadas, también fue cierto que el nuevo régimen aprovechó la situación para apartar de los ayuntamientos a personas vinculadas a los partidos dinásticos. En este sentido, los gobernadores civiles recién designados, utilizaron el instrumento de comisiones gestoras nombradas directamente sin que se constituyera la corporación elegida en las urnas. El proceso se cerró en las parciales celebradas en abril de 1933, convocadas con el fin de renovar el poder municipal donde no se habían celebrado elecciones por haberse aplicado el conocido artículo 29, al coincidir el número de candidatos presentados con el de puestos en disputa.

CARTEL FRENTE POPULARPero el problema, censurado por veteranos luchadores republicanos y por los socialistas, no era solo sustituir a los concejales elegidos como monárquicos, sino comprobar el desembarco de políticos procedentes del régimen anterior en los partidos que sostenían la Segunda República, y cómo ello se hacía con las estructuras caciquiles prácticamente intactas.

Como todo en política, en estas denuncias había una parte de realidad constatable y otra de oportunismo para descalificar al adversario con acusaciones interesadas. En definitiva, era la paradoja de antiguos monárquicos integrados en partidos republicanos y ocupando las instituciones democráticas, pero practicando el caciquismo de siempre.

La derrota del republicanismo más progresista en las elecciones legislativas de 1933, explicado por su fraccionamiento interno y por el desgaste sufrido durante el bienio reformista además de la falta de acuerdo con el PSOE y la actitud abstencionista de los sectores libertarios, propició el acceso al Gobierno de los seguidores de Lerroux, apoyados por los diputados de la CEDA y la insurrección obrera que le sucedió en octubre de 1934.

Las autoridades aprovecharon cualquier ocasión o excusa para apartar del poder local a aquellos políticos vinculados a los partidos republicanos de izquierdas o a las agrupaciones socialistas.

Los gobernadores civiles hicieron uso de sus amplias prerrogativas, designando nuevamente comisiones gestoras con personas vinculadas al Partido Radical o a la CEDA, representantes de los sectores más conservadores del momento.

Las consecuencias de la represión ejercida contra los revolucionarios de octubre y, en general, contra las izquierdas ya fueran burguesas o proletarias, las divergencias entre los dos pilares de la coalición radical-cedista, los escándalos de corrupción protagonizados por personas próximas al poder y las maniobras del presidente de la República, propiciaron la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. En esta ocasión, las posiciones se habían polarizado en torno a dos coaliciones situadas a izquierda y derecha, con victoria de un Frente Popular formado por los republicanos progresistas que seguían a Azaña y Martínez Barrio, PSOE, PCE y otros partidos menores, con el apoyo de UGT y ahora sí CNT.

Partidos políticos registrados en Arucas desde 1931 hasta 1936

El primer partido político registrado en Arucas fue “La Agrupación Republicana Federal de Arucas” que se constituyó el 30 de abril de 1931 siendo su objetivo la defensa y propagación en el municipio del credo que constituye el programa redactado por el republicano Francisco Pi y Margall para consolidar la idea republicana y la República Española siendo su domicilio social una casa de la calle León y Castillo, 18 de la Ciudad de Arucas; la Agrupación Socialista de Arucas y el Partido Radical Socialista de la Ciudad de Arucas fueron fundados en 1931; El Partido Republicano de Arucas, 1932; Juventudes Socialistas en 1935; La Agrupación Local del Partido Unión Republicana de España, 1935; Izquierda Republicana, 1936; El Frente Popular se constituyó el 31 de mayo de 1936 integrado por la Agrupación Socialista, Izquierda Republicana, Federación Obrera y Juventud Socialista resultando elegidos para los cargos de gobierno los señores siguientes: Presidente, don Antonio Ojeda; Secretario, Don José Cequiel; Tesorero, don Dionicio Cardona; y Contador, don Julián Sosa.

Antonio Juan Mulet Alcalde Franquista de Las PalmasAyuntamientos en Dictadura

El proceso de implantación y consolidación de la dictadura franquista llevó aparejado el control de las instituciones locales, que fueron utilizadas para articular a la población y transmitir las normas, ideas y objetivos en los que se apoyaba el denominado “Nuevo Estado”.

Desde el inicio de la contienda bélica y conforme los distintos municipios fueron ocupados por los militares sublevados, se procedió a la sustitución de las corporaciones republicanas por comisiones gestoras integradas por personas afectas al Movimiento Nacional, si bien no existió un criterio único a la hora de elegir a quienes habían de colaborar en la implantación del régimen.

La libre designación ministerial de todos los miembros de los consistorios y la consiguiente discrecionalidad gubernamental en los nombramientos y ceses propiciaron que en muchas ocasiones se recurriera a las influencias y las relaciones personales para acceder a los puestos de responsabilidad, sobre todo a las alcaldías.

A ello se unían los continuos abusos de poder y las prácticas ilegales que caracterizaron en gran medida al primer personal político del franquismo, en complicidad con otros elementos destacados de cada localidad, y que fueron incluso denunciados por las propias delegaciones de FET y de las JONS, el partido único. En este sentido, fueron habituales las apropiaciones de víveres, los favoritismos en los repartos, los fraudes en los precios y los pesos o la colaboración con el mercado negro, conocido como estraperlo. En plena posguerra, la posición dominante de los poderes locales significó una fórmula más de control y coacción de una sociedad marcada por el hambre y la miseria.

Saludo Fascista. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1937La regulación legal de los ayuntamientos se llevó a cabo con la aprobación, el 17 de julio de 1945, de la Ley de Bases de Régimen Local, que estuvo vigente hasta el final de la dictadura y en cuyo articulado se consagraba la teoría de la democracia orgánica definida en el Fuero de los Españoles, una de las leyes fundamentales del franquismo.

Según este planteamiento, los concejales de cada corporación estaban divididos en tercios que, por un lado, representaban a los cabezas de familia de cada localidad, entendiendo como tales a las personas de mayor edad o emancipados bajo cuya dependencia convivían otras personas en un mismo domicilio; por otro, a los organismos sindicales radicados en el término municipal; y, por último, a las entidades económicas, culturales y profesionales no integradas en la Organización Sindical o, en su defecto, a los vecinos de reconocido prestigio.

El mandato de los ediles duraba seis años y tenía carácter obligatorio y gratuito. Su renovación se efectuaba por mitad de manera trienal y afectaba en igual proporción a cada uno de los tercios, si bien su nombramiento adoptaba distintas fórmulas en función del grupo de representación. Entre ellas, destacaban las elecciones del tercio familiar, que se celebraron desde 1948 hasta 1973 y para las que eran llamados a urnas todos los inscritos en el censo electoral de cabezas de familia. Así pues, la aplicación de los principios de la democracia orgánica propició que la dictadura incurriera en una clara contradicción: a la vez que rechazaba los mecanismos democráticos, el régimen convocó distintas consultas populares para lograr la legitimación institucional de la que carecía desde su origen, aunque no significaron más que meras ficciones dirigidas desde el Movimiento.

El primer Ayuntamiento franquista de Arucas y la designación de alcaldes del régimen del 36

A media mañana del 19 de julio de 1936, una vez que se había eliminado la resistencia, se constituyó, en el salón de plenos del ayuntamiento y presidida por el comandante Ramón Hernández Francés, la constitución oficial de la junta Gestora municipal nombrándose como Alcalde de la misma a Don Antonio Jiménez Martín; Teniente Alcalde a Francisco Morales González y vocales a José Marrero Pérez, Manuel Morales Castellano, Paulino Henríquez Mújica, Francisco Arencibia de la Fe, Pedro Morales Déniz y Bruno Falcón Hernández, entre otros.

Dentro de una estructura fuertemente jerárquica, la designación de los presidentes de las corporaciones locales era independiente de la de los concejales, tanto en el procedimiento como en la duración de los mandatos.

En efecto, de acuerdo con la normativa legal, el nombramiento de los alcaldes de los municipios de menos de 10.000 habitantes correspondía al gobernador civil de la correspondiente provincia, mientras que en los núcleos de mayor población era competencia del ministro de la Gobernación. Para apoyar la decisión, se solicitaban informes a las secciones locales de la Guardia Civil y de FET y de las JONS, que hacían referencia a los antecedentes sociopolíticos de las personas propuestas, su conducta moral, pública y privada y su fidelidad al régimen.

El cargo tenía carácter obligatorio para garantizar la subordinación y obediencia a la autoridad frente a un posible rechazo.

Además, los ceses eran determinados en cualquier momento desde el Gobierno “por razones de interés público”, de manera que el régimen generaba un grado de incertidumbre y discrecionalidad que favorecía el control del poder central y la lealtad de sus delegados municipales.

Esta fórmula de nombramiento suscitó fuertes críticas, generándose un intenso debate que se extendió hasta las postrimerías de la dictadura. De hecho, hubo que esperar hasta el 19 de noviembre de 1975, víspera de la muerte de Franco, para la aprobación de una nueva Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, que mantenía los principios de representatividad propios de la democracia orgánica. Sin embargo, su principal novedad estaba referida a la figura del alcalde, que a partir de entonces debía ser elegido por los concejales.

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