Más Gran Canaria pregunta al Ayuntamiento de Arucas por su política de protección frente al ruido

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Más Gran Canaria, territorial adscrito a la formación ecologista y progresista Más Canarias, ha solicitado información pública al Ayuntamiento de Arucas sobre su política de protección frente al ruido al conocer la situación de la población residente en el barrio de Los Altabacales con una vivienda vacacional.

Las familias afectadas llevan más de dos años denunciando ante el Consistorio norteño los problemas de convivencia que genera el establecimiento extrahotelero sin haber recibido respuesta hasta la fecha. Según relata la población afectada, han sufrido desde crisis de hipertensión a ansiedad en su día a día, con partes médicos que así lo corroboran y que han presentado a las instituciones en sus múltiples escritos. De hecho, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador contra el propietario de la vivienda vacacional al entender que ha obstruido la inspección que iniciaron en su momento por las críticas vecinales.

La administración también le ha multado con 45.000 euros por contaminación medioambiental. Estas personas creen que su lucha es una reivindicación social, y así lo entiende también la formación ecologista y progresista. Por eso, ha solicitado al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, responsable entre otras áreas de Seguridad, información sobre las medidas que lleva a cabo el Ayuntamiento para hacer cumplir la normativa estatal en materia de ruido, así como sus propias ordenanzas municipales -que datan de la década de los 80 -. Ta
mbién se pregunta Más Gran Canaria con qué herramientas cuentan los cuerpos locales de seguridad para desempeñar sus funciones en materia de prevención y control de la contaminación acústica. El presidente de la junta gestora de Más Canarias, Javier Navarro Lasso, ha insistido en que las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, “deben responder y atender las quejas vecinales y no esconder la cabeza como un avestruz”. Por ello, ha instado al Ayuntamiento de Arucas a que conteste a estas personas afectadas, que buscan “el apoyo y la acción de las instituciones que les representan”. A esto se suma que una de las personas afectadas es especialmente vulnerable por una patología crónica, por lo que se ve todavía más damnificada por esta exposición prolongada al ruido y a los problemas de salud que ocasiona, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), van desde lo auditivo a la alteración del sueño, hipertensión o estrés.

Por ello, Más Gran Canaria también ha cuestionado al alcalde de Arucas sobre si existe algún protocolo para atender situaciones con este tipo de gente vulnerable, y si el área de Servicios Sociales, o cualquier otra competente, tiene conocimiento de que puedan existir personas indefensas que se enfrentan a altos índices de contaminación acústica. No hay que olvidar que, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el control y prevención del ruido son competencias municipales, motivo por el cual deben ser los ayuntamientos los que velen por el cumplimiento de la normativa acústica con todas las garantías.

Y es que, según la población residente en Los Altabacales, el Consistorio aruquense excusa su inacción en que no le corresponde actuar en esta materia. “El Consistorio aruquense no puede evadir sus responsabilidades en materia de ruido. Demandamos que respondan a nuestras preguntas y que actúen de inmediato para resolver los problemas que están padeciendo estas personas sin descanso”, ha concluido Navarro Lasso.   

2 comentarios

  • Antonio Jueves, 23 Junio 2022 19:54 Enlace al Comentario

    Mucho me temo que el señor Facundo Suárez, alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Arucas dará la callada por respuesta, como es su uso y costumbre. Lo que calla habla mucho más que lo que dice.

  • Alicia Jueves, 23 Junio 2022 09:37 Enlace al Comentario

    Lo mismo se debe aplicar en Gáldar. Y no me refiero a las fiestas organizadas en viviendas vacacionales, sino a las que el propio consistorio organiza y fomenta. El ayuntamiento debe ser el primero en cumplir la normativa vigente.

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