Bomberos de Gran Canaria reclaman más personal para acabar con la sobrecarga de trabajo 

Bomberos 78

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria reclamaron este lunes, a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) que se cubran las vacantes en el organismo, de tal forma que se ponga fin a la sobrecarga de trabajo que vienen sufriendo.

Señalan que un agente del Consorcio realiza una media de 900 horas adicionales a su jornada laboral para suplir el déficit de personal. Unas 500 son debido a la imposición de jornada que el Cabildo de Gran Canaria, ayuntamientos y Gobierno de Canarias impusieron desde 2012 y que hasta cuatro sentencias del Tribunal Supremo han indicado que deben ser eliminadas tras dar la razón a los bomberos. Las otras 400 son horas extras realizadas para cubrir el déficit de personal que tiene la plantilla, horas que se han visto incrementadas con la erupción del volcán de La Palma.

Toda esta situación se viene generando desde hace años, cuando en 2006 el Cabildo decidió pasar en menos de un año de cinco parques (Telde, Arinaga, Gáldar, La Aldea y Tejeda) con una plantilla operativa de 180 efectivos, a ocho parques con la apertura de San Mateo, Puerto Rico y Arucas sin ampliar la plantilla con personal de nuevo acceso. 
Desde entonces el Cabildo ha ampliado la jornada de manera indiscriminada y por consiguiente sobrecargando y exponiendo a la plantilla a un estrés psicológico por no poder contar con una conciliación familiar, tal y como tienen derecho el resto de los trabajadores de este país. 

Las sentencias no se negocian. Se cumplen

Esto motivó la demanda ante el Tribunal Supremo por parte de los bomberos, tribunal que, hasta en cuatro ocasiones, les ha dado la razón, aunque el Cabildo de Gran Canaria sigue sin ejecutar la sentencia, argumentando que debe ser negociada, cuando la realidad es que las sentencias no se negocian, sino que se cumplen. 

Para tener todos los parques abiertos, incluyendo el de Tejeda, el cual se cerró de manera definitiva en 2011 por el déficit de personal, el Consorcio debería tener una plantilla operativa en la relación de puestos de trabajo de en torno a los 290 efectivos, muy lejos de la realidad actual, que se sitúa en 220. Incluso si lo que pretende es mantener Tejeda cerrada, para cubrir las actuaciones ordinarias de los siete parques abiertos, la plantilla operativa debería estar entorno a los 260-270.

Por tanto, toda esta falta de personal está siendo asumida por la plantilla actual, que no se ve incrementada con una Oferta Pública de Empleo desde 2010 y está conllevando fatigas, tensión, sobrecarga de trabajo, por lo que conlleva mayor exposición a riesgos y accidentes, además de un cansancio anímico mental que está pasando factura a todo el personal desde hace años.

Propuesta entregada al Cabildo

Desde que se inició el actual mandato, los agentes sociales han solicitado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la negociación de una nueva relación de puestos de trabajo que incluya todo este personal, 260-270 para siete parques o 280-290 si se abre Tejeda y suman ocho. 

Asimismo, exigen el establecimiento de la jornada laboral que el Tribunal Supremo considera válida y que indica que los bomberos deben hacer el mismo número de guardias que hacían antes de las imposiciones de 2012. 

En tanto toda la plantilla de nuevo acceso se vaya incorporando de manera paulatina, los bomberos actuales se comprometen a hacer un número de guardias estructurales pero solo supeditadas a la incorporación de este nuevo personal y en un periodo máximo de tres años. Además, se debe cubrir de manera urgente con interinos, mediante las vías que han sido presentadas por los sindicatos al Consorcio, la bolsa y lista de interinidad, la cual haría que en pocos meses se pudiera contar con más de una docena de efectivos. 

Han sido varías las veces que se ha entregado toda esta documentación al Cabildo, solicitando la apertura del diálogo y negociación, pero la corporación insular sigue sin sentarse a negociar, siendo además el que tutela y tiene la máxima responsabilidad en el Consorcio de Emergencias.

Esto es así porque, desde la promulgación de la ley de sostenibilidad y racionalización en 2014, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen que abonar el servicio, dado que es el Cabildo quien asume la prestación y, por consiguiente debe, tener más del 65% de aportación económica, así como la misma proporción de voz y voto en las decisiones que afectan al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. 

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