CCOO y CSIF denuncian el sistemático bloqueo de las negociaciones en el Consorcio de Emergencias por parte del Cabildo de Gran Canaria

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y el sindicato CSIF denunciaron este miércoles la reiterada actitud obstaculizadora y bloqueadora de la negociación por parte de la dirección del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que se niega a sentarse con los sindicatos en la mesa de negociación.

Los sindicatos llevan esperando desde septiembre de 2021 que el consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Consorcio, Pedro Justo, encontrara un hueco en su agenda para asistir a las reuniones. Han sido muchas las ocasiones en que se ha cerrado una fecha y el encuentro se ha desconvocado en el último minuto por supuestos problemas de agenda de Pedro Justo. Los sindicatos mayoritarios en el Consorcio, FSC-CCOO y CSIF, se muestran ya cansados de la sistemática actitud de retrasar las negociaciones de un acuerdo que dé solución definitiva a la estabilidad laboral de los bomberos, después de casi una década de conflicto. 

El último plantón a la mesa de negociación ha tenido lugar este martes, cuando, sin previo aviso, se informó telefónicamente a los sindicatos, ya en la sede de la reunión, que el encuentro quedaba suspendido por decisión de Pedro Justo. Esto, entienden los sindicatos, pone de manifiesto la ausencia de voluntad por parte del Cabildo para llegar a algún tipo de acuerdo con los bomberos y cumplir lo determinado por los tribunales en reiteradas ocasiones.

Estatutos caducados

La derogación de los estatutos del Consorcio, desde el 2008, y para más abundamiento, la falta de cumplimiento de las aportaciones de las entidades, hacen que carezca de legalidad y legitimidad la ponderación llevada hasta ahora de los votos de las entidades consorciadas. Concretamente, el Gobierno de Canarias no aporta el 20% recogido en dichos estatutos ya caducados, sino una cantidad menor, siendo compensada esta diferencia por el Cabildo que, desde hace años, supera ampliamente el 50% del presupuesto con sus aportaciones.

Este problema ya ha sido puesto de relieve por los sindicatos, indicando que el Gobierno de Canarias no puede ejercer el derecho al voto al no aportar las cantidades a las que está obligado, como determina la ley. CCOO y CSIF han exigido que se determinen los representantes legitimados por las entidades consorciadas para realizar una negociación vinculante y con potestad para firmar un acuerdo en la mesa de negociación. 

Los sindicatos no están dispuestos a vivir un nuevo déjà vu y repetir lo ya vivido en 2017, cuando el Cabildo negoció y acordó una serie de pactos con los sindicatos que posteriormente fueron rechazados en la junta general por los alcaldes, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que optaron por imponer un acuerdo unilateral que fue posteriormente anulado por los tribunales.

Para FSC-CCOO y CSIF, el problema radica en que el Cabildo no ha reformado los estatutos del Consorcio de Emergencias a pesar de estar obligado, evitando dar este paso, desde el año 2015, para no tener que adscribir a los bomberos al régimen jurídico del Cabildo. Los sindicatos han advertido al Consorcio que, hasta que esta situación no se solucione, no existen garantías en la negociación, por lo que no descartan volver a acudir a los tribunales. 

Deuda de veinte millones con los bomberos 

CCOO y CSIF instan a Pedro Justo a que emprenda las medidas necesarias para abonar las cuantías de las primeras sentencias ganadas en el año 2019 sobre el exceso de jornada, evitando así dejar una deuda que asumiría ineludiblemente la nueva corporación, como pésima herencia tras las elecciones de 2023.

Para los sindicatos, parece una “broma de mal gusto” que Justo, que es consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, utilice la prensa para dirigir o aconsejar a los bomberos en sus reclamaciones y acciones legales, cuando debe ser el Cabildo, y concretamente dicha Consejería, quien debe abonar de manera inmediata los más de 20 millones que desde hace casi tres años tendrían que haber abonado, y no empeñarse en demorar un pago que genera intereses que acabará pagando los contribuyentes.  

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