El chantaje de las compañías farmacéuticas y la Covid-19

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Desde que la pandemia del coronavirus se manifestó plenamente cientos de compañías farmacéuticas e investigadores se han puesto manos a la obra para encontrar un medicamento efectivo para curar la enfermedad, así como para desarrollar una vacuna que la prevenga. Es la gallina de los huevos de oro para una industria farmacéutica que "no se puede enriquecer más, porque el monstruo que ha creado es el que, en parte, nos ha traído hasta aquí", como dice Joan-Ramon Laporte, catedrático de farmacología, conocido por sus denuncias respecto a la industria del medicamento.

 Cuando salió el rumor de que el remdesivir podría tener resultados, la farmacéutica Gilead, la propietaria, lo presentó a la Food and Drug Administration (FDA) de EEUU como medicamento huérfano. Esto quiere decir que es un fármaco destinado a menos de 20.000 personas en los EE UU, un medicamento que no tendrá mercado y que, por tanto, se le dan recursos para el desarrollo. En 48 horas se montó un escándalo y tuvieron que retirar dicho apoyo. Ahora aunque se sabe que sus resultados son modestos, limitándose a acelerar la recuperación de personas con síntomas moderados de la Covid-19 en un tratamiento de cinco días, se le monta por la Administración Trump el negocio y gran operación propagandística (amén de llamativamente acaparadora e insolidaria) de comprar todas las existencias de dicho fármaco para los próximos 3 meses. Pero ¿qué pasaría si el remdesivir fuera realmente bueno? ¿La patente sería únicamente de Gilead? No puede ser. Estos fármacos vienen de conocimientos obtenidos con investigación pagada con fondos públicos. Esta cuestión es fundamental ya que estamos ante una emergencia global. No podemos dejar que se siga enriqueciendo la industria farmacéutica, un medicamento para el coronavirus no puede caer en manos privadas porque no se puede vender ni a 10 euros (se sabe que su costo de producción es de 5 euros), se ha de liberar la patente, fabricarlo en todo el mundo.

 Cuestión esencial a resolver también, una vez que haya una vacuna fiable, será la de cómo se distribuirá la vacuna. Si será gratis, si se empezará por la población de riesgo, si será global...Tenemos que ser capaces de emprender una lucha que transforme esta situación, expropiar la vacuna a quien la fabrique y exigir a los gobiernos que garanticen una distribución equitativa y democrática. Tenemos que defender en primer lugar a la población vulnerable y para ello hay que hablar en primer lugar de la necesidad de nacionalizar la industria farmacéutica. La existencia de un potente sector público farmacéutico y de tecnologías sanitarias es la clave para evitar que los gobiernos y en particular el gobierno de coalición socialdemócrata de PSOE-UP continúe la habitual cesión de los gobiernos al chantaje de Farmaindustria y las multinacionales del medicamento, pagando precios abusivos que de momento se sitúan para España en unas 347 veces el coste de producción que en el caso del remdesivir es de tan solo 5 euros. Así, el Gobierno tiene el deber no sólo de asegurar la calidad de los medicamentos y el acceso a los mismos, sino también de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria farmacéutica pública, local, sostenible, productiva y responsable que produzca y comercialice medicamentos a precios justos pasando de precios basados en el valor, a precios basados en los costes de investigación y fabricación.

Además, para ello es absolutamente necesario fomentar la investigación pública sin fines comerciales, para así innovar en base a las necesidades de la sociedad. Su aplicación supondría conseguir mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la Covid-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitaría el objetivo de acabar con los precios especulativos y por tanto con el gran negocio de las compañías farmacéuticas con la enfermedad.

 Arturo Borges Álamo, médico, miembro de la ADSPC*
*Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
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